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Home > Tipití > Vol. 15 > Iss. 1 (2017)

 

Keywords

Indigenous, Brazil, Ethnography, Legislation, Fieldwork

Abstract

This text reflects on the changing role of anthropologists carrying out research with indigenous peoples in Brazil and on the increasing constraints that they are subjected to, both in terms of the legislation they must comply with and in terms of the way they are envisioned by contemporary indigenous peoples and non-anthropologists. At the time of this writing, sixty-seven people in Brazil who have acted in defense of the rights of indigenous peoples and Maroon descendants (Quilombolas) face bogus criminal charges. Frequently anthropologists are denigrated and accused of using the knowledge acquired during their research for personal enrichment and academic promotion. While the Code of Ethics (Resolution No. 510) of April 7, 2016 passed by the Brazilian Conselho Nacional de Saúde (National Health Council) that now guides conduct in the field purports to recognize the specificity of the social and human sciences, in reality it is an intromission of biomedicine and bioethics into anthropology, sociology, and related sciences. The bureaucratization involved, if followed to the letter, would discourage people from undertaking research. Field researchers must already avoid thorny issues such as polygamy, abortion, and the use and traffic of illegal drugs. Meanwhile, evangelical churches are undeterred in their zeal to convert Amerindians. They interfere in their way of life, often with devastating effects, and, acting in league with the bloc of large agribusiness interests (ruralistas), have become a force with which to be reckoned. The witch hunt against anthropologists has increased since the ousting of President Dilma Rousseff in May 2016, and the demarcation of Indigenous Lands (Terras Indígenas or TI) has ground to a halt. While miners and loggers invade existing Indigenous Lands with impunity, the 2016 Code of Ethics is a straitjacket that fails to come to grips with various legitimate ethical issues that concern anthropologists. In the present article, I draw on my several decades of research and university teaching in Brazil to explore the contradictions at the heart of anthropological work with indigenous peoples.

Este texto reflexiona sobre el cambiante rol de los antropólogos que están llevando a cabo investigaciones con pueblos indígenas en Brasil y en las crecientes limitaciones a las que son sometidos, tanto en términos de la legislación que deben acatar, como en términos de la manera en la que están siendo percibidos por los indígenas contemporáneos y los no antropólogos. Al momento de la redacción de este artículo, 67 personas en Brasil que actuaron en defensa de los derechos de los indígenas y descendientes de cimarrones (Quilombolas) enfrentan cargos criminales falsos. Los antropólogos son con frecuencia denigrados y acusados de usar el conocimiento que adquieren durante las investigaciones para el enriquecimiento personal y la publicidad académica. Mientras el Código de Ética (Resolución No. 510) del 7 de abril del año 2016, promulgado por el Conselho Nacional de Saúde (Consejo Nacional de Salud) de Brasil que ahora guía la conducta en el campo, pretende reconocer la especificidad de las ciencias sociales y humanas, es en realidad una intromisión de la biomedicina y la bioética en la antropología, la sociología y sus ciencias afines. La burocratización involucrada, si se sigue al pie de la letra, podría disuadir a las personas de emprender investigaciones. Los investigadores de campo ya tienen que evadir asuntos espinosos como la poligamia, el aborto y el uso y tráfico de drogas ilícitas. Mientras tanto, las iglesias evangélicas siguen inamovibles en su empeño de convertir a los amerindios. Ellas interfieren en su estilo de vida, a menudo con efectos devastadores, y actuando en conjunto con el bloque de intereses de grandes agroindustrias (ruralistas), se han convertido en una fuerza a tener en cuenta. La cacería de brujas en contra de los antropólogos se ha incrementado desde el derrocamiento de la presidente Dilma Rousseff en mayo de 2016 y la demarcación de las Tierras Indígenas (Terras Indígenas o TI) se ha detenido. Mientras los mineros y los leñadores invaden en impunidad Tierras Indígenas existentes, el Código de Ética de 2016 es una camisa de fuerza que falla en impedir varios asuntos éticos legítimos que preocupan a los antropólogos. En el presente artículo me baso en mis varias décadas de investigadora y profesora universitaria en Brasil para explorar las contradicciones en el corazón del trabajo antropológico con los pueblos indígenas.

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